El alcalde Alejandro Navarro, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), propuso reabrir el debate sobre imponer la pena de muerte a sujetos que priven de la vida o ultrajen a mujeres, adolescentes y niñas, en alusión al caso de Miguel, el joven que atacó a Milagros Montserrat en la ciudad de León.
En medio de la indignación por el ataque contra la joven leonesa, Navarro dijo que realizó una encuesta en sus redes sociales y, hasta la tarde de este lunes, más del 83% de las personas participantes se pronunció a favor de reiniciar la discusión legislativa sobre la pena de muerte e inclusive aplicarla para reducir las tasas de criminalidad, tal y como ocurre en Japón, un país industrializado donde la pena capital sí se aplica de manera rigurosa.
El Alcalde capitalino sugirió que la consulta podría llevarse a cabo de manera mucho más estructurada y con la participación de expertos provenientes de países donde la pena de muerte se utiliza para castigar a delincuentes de alta peligrosidad, como Estados Unidos y Japón.
De acuerdo con una reconstrucción histórica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el primer Código Penal del país se redactó en 1835 y sí contemplaba la pena de muerte. Al acusado lo llevaban al patíbulo público y lo pasaban “por las armas o por garrote”. La medida se abolió en 1869 abolió y se reinstauró dos años después. Finalmente, esta condena se anuló por completo en 1929.
Durante la LX Legislatura del Congreso de la Unión (de 2006 a 2009), se presentaron tres iniciativas que proponían pena de muerte y en el siguiente período (de 2009 a 2012) se presentó otra, sin embargo, todas se rechazaron.
En la LXIII Legislatura (de 2015 a 2018), el Partido Verde revivió la propuesta de 2009 y propuso la pena de muerte para castigar a homicidas vinculados a delitos graves, como secuestro, violación, trata de personas y crimen organizado.
JAPÓN, PENA DE MUERTE VIGENTE
***FUENTE: Amnistía Internacional
Japón mantiene vigente la pena de muerte y la ejerce de una forma especialmente sádica: los reclusos están privados de todo contacto con el mundo exterior y solo pueden recibir visitas de sus familiares directos una vez al mes. Están recluidos en régimen de aislamiento en celdas del tamaño de un baño pequeño y forzados a esperar su ejecución en un promedio de siete años, con la peculiaridad de que la orden puede darse en cualquier momento, por lo que se levantan cada mañana pensando que ese puede ser su último día. Es una política supuestamente diseñada para “no perturbar su tranquilidad”, sin embargo, muchos enloquecen debido al estrés y a la ansiedad que conlleva el no saber cuándo acabarán con su vida. Es una verdadera tortura psíquica. Las ejecuciones son secretas. Cuando la orden llega, todo sucede rápidamente. A los condenados les restan solo unos minutos antes de enfrentarse a la horca. Ni siquiera hay un momento previsto para decirles adiós a sus familias.
