¿A qué se debe el incremento en el número de masacres, asesinatos violentos y, en general, el repunte en la cantidad de homicidios que se cometen en Guanajuato en este inicio de año?
Hay una nueva ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato. Desde finales de diciembre del año pasado la Comandancia General del CJNG ordenó a sus células estacionadas en la entidad a “adelantar líneas”, es decir, conquistar más municipios en poder de grupos delictivos rivales. Actualmente las tropas de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho, líder del CJNG, controlan más de la mitad del territorio del estado de Guanajuato, pero aún hay zonas bajo el control del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), Unión de León (UL), Cárteles Unidos (CU) y Cártel del Golfo (CG).
Luego de la captura del Marro, el CSRL perdió algunos municipios que tenía bajo su dominio criminal. Lo anterior debido a que varios de sus jefes de plaza cambiaron de bando y se pasaron a las filas del CJNG. Los jaliscienses ganaron más territorios gracias a pactos y negociaciones con jefes de plaza rivales, que debido a conquistas militares. Su estrategia ha consistido en pelear y negociar. Pero desde finales del año pasado el CJNG lanzó una OFENSIVA DE INVIERNO para tratar de dar un golpe mortal a los cárteles rivales.
¿Por qué las autoridades no dan explicaciones ni informan sobre esta supuesta ofensiva del CJNG, ni dan cuenta sobre los movimientos territoriales de los cárteles?
En parte, para no alarmar a la población civil. En parte para no poner en entredicho su discurso triunfalista de supuesta disminución de la violencia. Pero en ocasiones también se debe a fallas reales en el aparato de inteligencia de las fuerzas estatales y federales. En muchas ocasiones las autoridades no saben lo que está ocurriendo en el campo de batalla, ya que son esencialmente reactivos. La conducción de la guerra la llevan los cárteles. Por otro lado, en Guanajuato impera una lógica militar, las declaraciones de todos los bandos en disputa, tanto de los criminales, como de las autoridades, es el propio de una “propaganda de guerra”. La mayoría de sus declaraciones no son para informar, sino para confundir, ocultar y amedrentar al adversario. No informan. Tergiversan y manipulan datos y cifras.
¿Nos podría dar ejemplos concretos de algunos movimientos de esta presunta ofensiva del CJNG?
La masacre en un velorio en Celaya fue perpetrada por una célula del CJNG en contra de una presunta célula de narcomenudistas del CSRL. La masacre ocurrida al día siguiente en donde murieron 4 personas, una de ellas un bebé de menos de un año, fue la respuesta del CSRL, en contra de otras personas señaladas como integrantes del CJNG. Los ataques en Irapuato, la zona metropolitana de Uriangato-Moroleón, en San José Iturbide, en San Luis de la Paz, etc., tienen esta misma lógica. El CJNG da el primer golpe y después viene una reacción del CSRL. Las tropas del Mencho ofenden y las de Santa Rosa defienden.
Estamos en un escenario de guerra distinto. En el pasado el CJNG ya había lanzado ofensivas contra el CSRL, pero el Marro contestaba lanzando ataques de retaguardia en los bastiones del CJNG, que frenaban las embestidas. A veces se lanzaba a la conquista de nuevos municipios para reponer los que había perdido. En esta ocasión, las células del CSRL están atrincheradas y agazapadas en sus municipios conteniendo y aguantando los ataques de los jaliscienses. En cierto sentido, se encuentran sitiados en varias regiones y municipios.
La incursión del CJNG a la emblemática comunidad de Santa Rosa en Villagrán fue para plantar su bandera en una zona todavía considerada como territorio del Marro. Desde el punto de vista táctico-militar, dicha comunidad no tiene ningún valor. Pero para el CJNG era importante ocuparla por el efecto psicológico y golpe mediático que se pretendía asestar al adversario. Las fuerzas estatales lo impidieron.
¿Por qué las autoridades no ponen un freno a la violencia en Guanajuato? ¿Se debe a la corrupción y complicidad con los narcotraficantes o es simple incompetencia?
Evidentemente autoridades de los tres niveles de gobierno fueron infiltradas por los cárteles de la droga. Y claro que también existió una grave incompetencia por haber dejado crecer el problema, hasta salirse de control.
Pero quisiera mencionar un componente adicional. El problema de la inseguridad no ha sido atendido correctamente debido a cálculos políticos tanto de parte del gobierno estatal, como del federal. El gobierno estatal descubrió que la violencia homicida solo estaba afectando los niveles de intención de voto a favor del PAN en algunos municipios. Encuesta tras encuesta, los estrategas electorales azules encontraron que la violencia disminuyó su votación solo en una decena de municipios. Por eso la inversión que realizará el gobierno estatal este año en materia de seguridad no está a la altura del reto. El presupuesto estatal es totalmente electorero, cuando debió diseñarse un presupuesto de guerra y para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID.
Por su parte, durante el sexenio anterior, el presidente Enrique Peña, pero muy destacadamente Miguel Osorio Chong, su secretario de gobernación, llegaron a la conclusión opuesta. Es decir, que la guerra de cárteles debilitaría a los candidatos de Acción Nacional en Guanajuato. En suma, por subestimar sus efectos o por sobredimensionar su impacto electoral, tanto el gobierno estatal como el federal, en su momento, no aplicaron las medidas necesarias para frenar a los cárteles.
Entonces, ¿sólo perdiendo o ganando elecciones habrá un cambio en las posturas gubernamentales frente a los cárteles?
Sería un catalizador importante. La dinámica electoral, sumada a la presión social y mediática, poco a poco forzarán un verdadero y real “golpe de timón”.
Pero aún falta mucho para eso. Las divisiones al interior de MORENA dificultan la conformación de verdaderos frentes electorales con los cuáles se pueda empezar a resquebrajar el dominio del PAN. El blanquiazul ya solo tiene la tercera parte del voto en muchos municipios, pero las fuerzas políticas que conforman los dos tercios restantes no se ponen de acuerdo para armar coaliciones ganadoras (aunque el gobierno estatal también opera para evitarlo). En el frente social, los colectivos ciudadanos, la prensa de oposición, los activistas de derechos humanos, los movimientos estudiantiles, etc., aún están en su curva de aprendizaje. Carecen de la habilidad y la experiencia para transformar sus victorias morales en triunfos políticos. Les cuesta trabajo saltar al campo de la negociación política. Ni siquiera han contemplado la posibilidad de forjar alianzas con los sectores moderados del gobierno estatal. Eso cambiará con el tiempo. Tal y como ocurrió con los luchadores sociales de otras entidades del país, que a la postre fueron legisladores, funcionarios o gobernadores: Rosario Ibarra, Amalia García, Mariclare Acosta, entre otros, saltaron del activismo social a la arena política para abanderar posturas justas y necesarias en materia de derechos humanos, libertad de prensa, reforma educativa, etc., para volverlas realidad, ocupando cargos públicos.
¿La alternancia política en Guanajuato ayudaría a combatir la inseguridad?
Desde luego, pero tampoco me hago ilusiones. En el fondo, reprocharle al gobernador o al presidente de la república la falta de capacidad para frenar la violencia, usando el viejo postulado del liberalismo, que señala que la primera obligación del estado es garantizar la propiedad y la seguridad de los ciudadanos, constituye una estupenda reflexión teórica, pero una pésima postura práctica.
Guanajuato es el campo de batalla de carteles nacionales (CJNG, Cartel de Sinaloa) y de mafias locales (CSRL, Unión de León, CU) que superan y sobrepasan a los gobiernos. Las fuerzas estatales y federales son actores de reparto. Los verdaderos protagonistas de este drama son los cárteles. Pedir a las autoridades que pongan un alto a la violencia es como pedirle al sol que brille todo el día. Nuestras sociedades incubaron organizaciones delictivas en su interior. Dentro de los muchos lugares comunes que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, en este punto en específico, tiene razón. El modelo económico, político y social dominante produce cárteles.
Son Frankenteins que cobran vida y se independizan. Por ende, las autoridades no están al frente del volante. Quiénes conducen la guerra son los barones de la droga. Las fuerzas estatales y federales están en el asiento de atrás (o si se quiere, solo son copilotos, en un esquema de complicidad) y los ciudadanos están debajo, entre las llantas del coche, tratando de sobrevivir.
¿Se debe seguir señalando a las autoridades por su incompetencia y complicidad? Por supuesto. Hay muchas cosas que los gobiernos están dejando de hacer y hay que decirlo. Pero la prensa de Guanajuato (independiente y oficialista) debe dar un giro conceptual. En la Guerra de Cárteles del bajío ya no es tan importante lo que hagan o dejen de hacer las autoridades. Se les puede alagar o criticar, pero su propia incompetencia o complicidad les fija límites. Hay que analizar, en un primer plano, a los cárteles, su rotación de liderazgos, su movimiento de tropas, sus estrategias de alianzas, sus incursiones en la política, etc. Tal y como han hecho varios maestros del periodismo en otras latitudes. El análisis de la violencia homicida en Guanajuato debe desprenderse del temor natural para hablar de los cárteles y de las filias o fobias hacia Acción Nacional.
¿Cuáles acciones tendrían que realizar las autoridades para verdaderamente disminuir la violencia homicida?
Son medidas que generarían controversia por que implican restricción de las libertades civiles y el reconocimiento explícito de la incapacidad para enfrentar a la delincuencia con el estado de derecho. Hace tiempo mencioné la necesidad de pedir ayuda internacional y que agentes de la DEA tuvieran un papel más activo en Guanajuato. Sé que ya hay algunos de sus sabuesos trabajando en la zona, pues me los he encontrado en el propio Aeropuerto Internacional del Bajío.
Pero lamentablemente hay municipios en donde la única opción real para pacificarlos es mediante la ocupación militar y con la adopción de algunas medidas como toques de queda. Que, de hecho, los habitantes de Celaya, Salamanca e Irapuato comienzan a realizar de motu propio, sabedores de que en ciertos horarios las células de narcotraficantes ocupan las calles, mientras que las fuerzas de seguridad se repliegan. Desde luego, habría que desparecer ayuntamientos en municipios cooptados por el narco, en donde los alcaldes y direcciones de policía están a su servicio.
El estado mexicano ya ha realizado este tipo de intervenciones, en algunos estados, ciudades y municipios como Michoacán, Matamoros, Ciudad Juárez o Iztapalapa, en la misma Ciudad de México. Nunca han hecho los decretos, ni las declaratorias correspondientes, pero de facto, lo que presenciamos en dichas zonas fue una ocupación militar. Pero a menos que el gobierno estatal sufra un duro descalabro en las elecciones de medio periodo, dudo que haya un cambio de estrategia.
Pero, ¿por qué el CJNG intentaría una “ofensiva final” en contra del CSRL en este momento?
Por el recrudecimiento de la guerra en Michoacán. Las mafias michoacanas, aglutinadas en los autodenominados Cárteles Unidos, han propinado severos reveces a las células del CJNG en tierras purépechas. La confederación de cárteles michoacanos hizo retroceder a las tropas del Mencho. Frenaron su ofensiva y lo obligaron a replegarse. El frente michoacano está induciendo al CJNG a concentrar más hombres, armas y municiones en dicha región. Una opción para lograrlo es aniquilar de una vez por todas a las mafias locales de Guanajuato. No ha sido nada sencillo apoderarse de Guanajuato, pero es un hecho que el CJNG sigue avanzando. Los generales del Mencho se han equivocado y en muchas ocasiones han cantado victoria antes de tiempo. Es probable que nuevamente se estén equivocando en sus cálculos.
En todo caso, la narcoguerra por el control de Guanajuato ya no solo está en función de lo que ocurra en la entidad. Ahora dependemos de los resultados de los combates que libran los Cárteles Unidos y el CJNG en Michoacán. La finalización de la violencia en Guanajuato no está en manos de las autoridades. A decir, verdad, nunca lo ha estado. Dependemos de los movimientos geopolíticos de los cárteles de la droga.
¿Qué es lo que sigue?
Guanajuato está involucionando. No es particularmente complejo generar escenarios, incluso con el perfil de los próximos blancos de los cárteles. Ya han sido asesinados regidores, un ex presidente municipal (Israel Morales) y un presidente electo (Rogelio Sánchez Galán) ¿Qué sigue? Como los cárteles cada vez apuntan más alto en la pirámide de funcionarios, el siguiente paso es atentar en contra de presidentes municipales en funciones. Ya ha habido asesinatos de policías, jefes policiacos, regidores y un diputado local (Toño Acosta). Poco a poco los cárteles atacan a líderes políticos de mayor nivel. En otros estados las mafias de la droga incluso ya asesinaron a ex gobernadores como Aristóteles Sandoval de Jalisco y Silverio Cavazos de Colima, o ex candidatos punteros a gobiernos estatales como Rodolfo Torre Cantú, de Tamaulipas.
Por ende, lo que sigue en Guanajuato son ataques en contra de integrantes del gabinete estatal, en contra de ex gobernadores y de candidatos a gobernador. Toda una auténtica pesadilla.
