Por David Saucedo
EL AJEDREZ DE CARLOS ZAMARRIPA
La lentitud y resistencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FEG) para brindar información sobre las narcofosas encontradas en los municipios de Cortazar y Salvatierra obedece a varios motivos. En primer lugar, la pretendida eficacia, experiencia y manejo de tecnologías de última generación en los laboratorios forenses de la FGE no es tal. Como evidenció el equipo de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los técnicos, peritos e investigadores guanajuatenses pasarán por una larga curva de aprendizaje antes de dominar los protocolos internacionales de búsqueda, levantamiento, exhumación e identificación de restos humanos. Los trabajos de la FGE adolecen de fallas graves. No cuentan con un banco de registros de ADN de los familiares de las personas desaparecidas (vital para cotejarlos con los cadáveres que se van recuperando). La recolección de muestras de ADN no se realizó adecuadamente para contar con el perfil cromosómico completo XY (se debe levantar muestras de ADN a familiares directos de ambos sexos de las personas desaparecidas). Y por si fuera poco en la recolección de muestra de ADN para identificar los cuerpos de Salvatierra solo pudieron levantar muestras de 100 familiares (de 300 que se presentaron frente a la convocatoria que emitió la FGE), pues se les terminaron los insumos para continuar con la recolección.
Además, por lo que se puede apreciar en los videos y fotografías de los trabajos de recuperación de cuerpos realizados por los peritos de la FGE, las cuadrillas no usan detectores de gas metano, que permiten identificar cuerpos en descomposición enterrados sin hacer movimientos de tierra expansivos. No usan radares de tierra, los cuales facilitan la detección de cuerpos enterrados por medios externos. Ni tampoco usan detectores de metales, útiles para localizar restos humanos enterrados con artículos metálicos como hebillas, aretes, calzado con clavos, etc. En el supuesto de que se brinden los recursos presupuestales para adquirir los equipos e impartir las capacitaciones pertinentes, se requieren cuando menos dos años de trabajo en campo y de gabinete para alcanzar el nivel de pericia para realizar estos trabajos de manera eficaz. Entre tanto estaremos sujetos a pifias y errores garrafales por parte de la Fiscalía, como los que hemos visto en días recientes: muestras de ADN perdidas y traspapeladas o escenas del crimen alteradas por los propios peritos, que no realizan las excavaciones por capas, con cuadrículas, ni con la asistencia de antropólogos y arqueólogos forenses.
Pero la información a cuenta gotas de la FEG también se debe a un cálculo político y mediático. Los municipios en los que se encontraron los dos últimos narcocementerios son gobernados por el Partido Acción Nacional. Es imposible disociar la existencia de estas zonas de muerte a esquemas de protección y complicidad que en su momento dieron las direcciones policías de ambos municipios a los grupos delictivos que generaron estas narcofososas. De igual modo, la Fiscalía está haciendo uso de la muy conocida, pero siempre eficaz táctica de meter un asunto incómodo a la congeladora. Cada vez que hay algún tema que genera críticas y cuestionamientos no hay nada mejor que ponerle hielo al asunto: “ya estamos trabajando, hay que esperar al resultado de las investigaciones”. Mismas que en el caso del Fiscal Carlos Zamarripa pueden durar años, sin que se llegue a ninguna conclusión definitiva. Por otro lado, la FGE sabe que carece de credibilidad con los colectivos y un segmento del círculo rojo. Por eso no los recibe, no les da audiencia y no les da mayores explicaciones. No conforman su público objetivo. Carlos Zamarripa juega para la gradería. La batalla que libra en el frente mediático es con otros segmentos de la opinión pública, para tener de su lado a integrantes del primer círculo de decisiones del gabinete estatal y con medios de comunicación susceptibles de ser convencidos o engañados.
Este velo de silencio oficial ha impedido formular algunas preguntas importantes relacionadas con el caso. En primer lugar ¿Cuál de las dos organizaciones criminales que se disputan el control de la zona en cuestión cavaron estos narcocementerios? ¿A cuál cártel pertenecen estas narcofosas? Aunque técnicamente tiene sus complejidades, como han señalado los colectivos de personas desaparecidas es muy importante saber en el menor tiempo posible quiénes están enterrados en las mismas ¿Quiénes son las personas torturadas, ejecutadas y enterradas en las fosas de Cortazar y Salvatierra? y finalmente ¿Cuál es el esquema táctico-político-delincuencial que está produciendo narcocementerios en Guanajuato?
Intentaremos dar respuesta a estas interrogantes con base en las pruebas del caso, experiencias análogas en otras entidades del país y los datos de fuentes oficiales que poco a poco empiezan a fluir.
LAS NARCOFOSAS DE SALVATIERRA Y CORTAZAR: UNA HERENCIA DEL MARRO
Ambas narcocementerios pertenecen al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Dicho cártel ha tenido el control de los municipios de Salvatierra y Cortazar desde hace años, por espacios de tiempo relativamente largos y con breves interrupciones, producto de los vaivenes e intercambio de territorios propios de la narcoguerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En todo caso, los cadáveres de mayor antigüedad encontrados, corresponden con el lapso de tiempo en el CSRL echó raíces en ambos municipios. En el caso de Cortazar, el dominio de las células del Marro se mantiene, a pesar de detenciones sumarias que se realizaron a principios de año. En Salvatierra hubo una transición y un cambio del cártel dominante, pero es de fecha muy reciente.
En Salvatierra se presentó una situación particular. Aunque la célula delictiva que domina el municipio, creció y se desarrolló bajo las siglas del CSRL, ante al aparente desmantelamiento de dicho cártel (luego de la captura de José Antonio Yépez y el avance de las tropas del CJNG en la zona) la jefatura de plaza de Salvatierra “cambio de bando”. Es decir, el “chapulineo” propio de los políticos también existe en las células del crimen organizado. Por ello, los últimos entierros clandestinos en el narcocementerio de Salvatierra sin duda se pueden achacar al CJNG, aunque en la génesis de la narcofosas en ese municipio está la mano del Marro.
En el mejor de los casos, desde hace mucho tiempo, el CSRL ejerció un gobierno paralelo a los formalmente constituidos en Salvatierra y Cortazar. En el peor, mantuvo relaciones de cooperación o sometimiento de los sucesivos presidentes municipales.
Como es sabido antes de que diera inicio la guerra de cárteles en el estado de Guanajuato, en las sombras y con un extraordinario sentido de oportunidad, José Antonio Yépez ya había expandido su imperio criminal estableciendo relaciones de negocios con varios gobiernos municipales de la región. En los municipios el rubro del gasto corriente más importante después del gasto de nómina, es la compra de combustible. Varios gobiernos municipales (de todos los partidos) tuvieron en el Cártel de Santa Rosa de Lima a un proveedor de combustible barato, que facturaba el diésel y la gasolina a precio comercial, pero a un precio real de hasta 50% más bajo, con las respectivas ganancias repartidas entre autoridades y huachicoleros en partes iguales. Municipios como Salvatierra, Cortazar, Acámbaro, Villagrán y varias empresas de la región de varios giros (transportistas, constructoras) se beneficiaron en aquellos años del lucrativo negocio emprendido por el CSRL.
Cuando empezó la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el CSRL, el Marro fortaleció su control de varios municipios y empezó a tener participación en el manejo de más fondos municipales, como el fondo 1 del ramo 33 (recursos de obra pública) y la misma nómina municipal (incorporando sicarios y personal en la plantilla de aviadores de varios municipios). Salvatierra y Cortazar estaban comprendidos en este esquema.
Los cambios de gobierno en ambos municipios ocurridos en la elección del 2018 no modificaron mucho las cosas. En un segundo intento (ya había perdido una elección previa) la panista Alejandrina Lanuza, sustituyo a Herlindo Velázquez, alcalde de extracción priista, en Salvatierra. Aunque Alejandrina obtuvo más o menos el mismo número de votos en el 2015 (15 mil) que en el 2018 (16 mil 500), la división del voto priistas entre dos candidatos (el candidato del PRI y el candidato de MORENA), provocó la victoria de la candidata del PAN. Por su parte Ariel Corona, teniendo como principal asesor y operador político al ex gobernador Juan Manuel Oliva, impidió la reelección de Hugo Estefanía, en Cortazar, mediante la conformación de una coalición arcoíris, conformada por todos los partidos de oposición.
Pero la alternancia política en Salvatierra y Cortazar no alteró los equilibrios de poder de los cárteles del narcotráfico dominantes en la región. Mediante una combinación de intimidación, amenazas y sobornos, las direcciones de policía de ambos municipios siguieron trabajando para el CSRL y este presionó para mantener los esquemas de negocios que tenía con los anteriores gobiernos municipales.
Aunque Alejandrina Lanuza y Ariel Corona trataron de sacar a sus respectivos municipios de la órbita de control de los cárteles, la reducción de ingresos productos de la disminución de la ordeña de ductos de PEMEX y la propia guerra del Marro contra el CJNG obligó al CSRL a apretar financieramente a las administraciones municipales que estaban en su zona de influencia. En consecuencia, ambos alcaldes, junto con sus respectivos tesoreros municipales, fueron amenazados por las células del Marro. Aunque reforzaron los diamantes de seguridad para ellos y sus familias, en Salvatierra, aparentemente, se hizo de manera tardía.
El caso más dramático ocurrió justo en ese municipio con el secuestro de uno de los hermanos de la presidenta municipal y con la ejecución de tres de sus colaboradores. El secuestro de un familiar directo de Alejandrina Lanuza por parte del CSRL inicialmente se planeó con fines económicos, pero terminó siendo una herramienta de presión para minar la resistencia de la alcaldesa al dominio criminal de dicho cártel en el municipio. Las autoridades estatales mantuvieron el secuestro en secreto para no acorralar a los secuestradores e inducirlos a ejecutar al rehén. Ese hecho casi con toda seguridad le salvó la vida y evitó un final trágico.
Sin embargo, la ejecución de Mario Francisco Solano Muñoz, jefe de gabinete, Isaac Puente Rosillo, director de Construcción a la Comunidad, y Héctor Mendoza, jefe de Desarrollo Institucional, todos ellos integrantes del equipo de Alejandrina tuvo un móvil diferente. Fueron asesinados por un comando del CSRL debido al contacto incidental que algunos de dichos funcionarios tuvieron con el CJNG. Por otro lado, al ser originarios de Jalisco, el CSRL miró con mucha desconfianza que estuvieran en el primer círculo de toma de decisiones de la presidenta municipal. Inquietó más su origen jalisciense, que haber sido colaboradores del consultor venezolano Pedro Silva, contratado por el PAN para apuntalar la campaña de tierra por la gubernatura del estado en el 2018. En la cumbre de su poder el Marro tuvo episodios de “jaliscofobia”, que lo llevaron a tomar decisiones más o menos incomprensibles. El asesinato de los funcionarios de Salvatierra fue una de ellas.
El secuestro de un hermano de Alejandrina Lanuza y el asesinato de varios integrantes de su gabinete eliminó cualquier posibilidad de que el gobierno municipal de Salvatierra tuviera un papel activo en el combate del CSRL. Incluso varios presidentes municipales de la región fueron informados por el propio cártel de la situación que vivía la presidenta de Salvatierra. El parte informativo iba acompañado de una amenaza: “si no quieres que te ocurra lo mismo debes cooperar”. La mayoría cooperaron.
Estos hechos, sumados a los bajos niveles de aprobación de gestión de Alejandrina, más los altos niveles de intención de voto del diputado local Germán Cervantes, influyeron para que Alejandrina Lanuza no compita por buscar su reelección como presidenta municipal. Vivirá un exilio dorado desde una diputación en espera de tiempos mejores y tratando de dejar atrás las duras pruebas que vivió como alcaldesa del “pueblo mágico” de Salvatierra.
¿QUÉ ES LO QUE PRODUCE NARCOCEMENTERIOS?
Al final, la presión del Cártel de Santa Rosa de Lima sobre los gobiernos municipales (alcaldes y directores de policía) alcanzó para, entre otras cosas, montar cementerios privados en Cortazar, Salvatierra y otros tantos municipios de la región bajo su dominio.
Los cárteles de la droga no solo están conformados por células de sicarios y narcomenudistas. La infraestructura que el narco requiere para sus actividades incluye, centros logísticos para el almacenaje y distribución de la droga, casas de seguridad para los sicarios, negocios legales para el blanqueo de capitales, flotillas de vehículos, proveeduría de armas y municiones, centros de entrenamiento, narcolaboratorios… y narcocementerios. La mayoría de las grandes organizaciones criminales tarde que temprano se enfrentar con un dilema: el procesamiento de los cadáveres producto de los conflictos armados en los que se ven inmersos.
Es decir, aunque muchos cadáveres son depositados en la vía pública en montajes escénicos de terror para mandar mensajes a organizaciones rivales (cuerpos decapitados, colgados de puentes, descuartizados o calcinados) y otros quedan en el pavimento, producto de los enfrentamientos de células de sicarios, la mayoría de las muertes y ejecuciones ocurren intramuros, lejos de los reflectores.
Aunque oficialmente hay poco más de 2 mil personas desparecidas en el estado de Guanajuato (la cifra real puede ser de casi el doble), lamentablemente la gran mayoría de ellas ya están muertas y fueron depositados en tumbas sin nombre. Sus cadáveres fueron enterrados de manera clandestina por los cárteles, pues al no haber cadáveres, en teoría no hay homicidios qué investigar.
Casi todos los cárteles incurren en este tipo de prácticas, En terrenos baldíos, fincas, cañadas, zonas boscosas, etc., suelen establecer centros de detención en donde torturan, retienen, ejecutan y entierran a sus víctimas. Habitantes de Cortazar y Salvatierra refieren que desde hace mucho tiempo en las zonas en las que se encontraron las narcofosas se escuchaban gritos de personas, detonaciones nocturnas de armas de fuego y vehículos que llegaban en caravana.
A pesar de las denuncias ciudadanas las policías municipales nunca intervinieron. Pero no lo hicieron por incompetencia (aunque sin duda tienen sobradamente esa característica) sino por complicidad. Los narcocementerios no suelen estar en lugares apartados o inaccesibles. Suelen estar dentro de zonas urbanas o en sus inmediaciones debido a que pueden vigilarlos y acceder a ellos con facilidad. Pero sobre todo a que pueden montar una red de halconeo y vigilancia para poder realizar la tortura y ejecución de sus víctimas sin ser molestados. Las policías municipales de Cortazar y Salvatierra conformaron anillos de protección de sus respectivos narcocementerios. Por eso nunca se “dieron cuenta” a pesar de tenerlos debajo de sus narices. En realidad, los estaban cuidando.
¿QUIÉNES ESTÁN ENTERRADOS EN LAS NARCOFOSAS?
El último conteo de cadáveres en Salvatierra es de 76 personas sepultadas de manera clandestina. En Cortazar la FGE se resistirá hasta donde sea posible a dar una cifra. Lo cierto es que la violencia homicida en ambos municipios y en los municipios circundantes, es de nivel medio, por lo que el CSRL solo necesitaba narcocementerios pequeños en dichas regiones. Pero en municipios como Irapuato, Celaya o Salamanca, en donde el número de homicidios dolosos lleva tres años consecutivos rompiendo récords, hay narcocementerios que sin ninguna duda superarán el centenar de muertos en cada uno.
Y son justamente narcofosas, debido a que el CSRL no ha incursionado en otras formas de desaparición de cadáveres como las que ya maneja el CJNG, como lo son disolverlos en sustancias químicas o procediendo a su incineración en hornos de tabique.
Por las razones antes expuestas, la identificación de cadáveres por parte de la FGE tardará mucho tiempo. Pero al pertenecer al CSRL es fácil saber quiénes están enterrados en las narcofosas: comerciantes extorsionados e hijos de profesionistas secuestrados con fines económicos. Narcomenudistas rivales y jóvenes que no pasaron las pruebas para incorporarse a las filas del cártel. Pequeños propietarios asesinados para despojarlos de sus casas y terrenos y jóvenes mujeres asesinadas luego de haber sido ultrajadas.
Como el CSRL siempre ha tenido un “portafolios delictivo” amplio, sus narcocementerios son “mixtos”. Hay civiles inocentes e integrantes de bandas rivales en sus narcofosas. En general en las narcofosas del CJNG suele haber solo combatientes propios o del enemigo.
En efecto, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Aunque la FGE solo reconoce la existencia de 3 narcofosas (la de la comunidad el Conejo en Irapuato, la del predio Rancho Nuevo en Salvatierra y la de Cañada de Caracheo en Cortazar), los propios funcionarios de alto rango de la Fiscalía advierten en privado que hay muchas más. Lo que es peor, se siguen generando más narcocementerios por la más elemental de las razones: la guerra sigue. El número de desaparecidos-muertos se incrementa día con día y los cárteles se ven en la necesidad de seguir cavando narcofosas.
Por otro lado, las autoridades han guardado silencio en torno a un hecho aparentemente inexplicable. A pesar de las detenciones de líderes del CSRL, como el Marro o el Azul, la violencia no ha cesado. Por el contrario, se ha incrementado en varias zonas del estado. La razón es simple, pero a los funcionarios estatales y federales les apena reconocerlo y poner en tela de juicio “el éxito” de sus operativos de detención de capos.
A pesar de la fiereza y crueldad con la que el Marro conducía al CSRL, él era una influencia estabilizadora al interior del cártel. No hay nadie en todo Guanajuato que pueda pronunciar una palabra a favor de José Antonio Yépez. Sus tácticas eran letales y sanguinarias, pero mantenía a raya a sus sicarios, jefes de plaza y jefes regionales. Impedía muchos excesos y asesinatos sin sentido. Sin él, los “perros se quedaron sin correa” y se lanzaron libremente a extorsionar, incluso en colonias, barrios y comunidades que en alguna ocasión formaron parte de sus bases de apoyo, que el cártel había conquistado mediante la entrega de despensa, medicinas y préstamos a la palabra. Los comerciantes de Salamanca y Celaya lo saben perfectamente. Luego de la detención del Marro, las cosas empeoraron. El cobro de derecho de piso se disparó lo mismo que los asesinatos y desaparición de personas.
LOS NARCOCEMENTERIOS DEL CJNG
En el largo plazo los esfuerzos de las autoridades para entorpecer y desprestigiar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, de contener y hostigar a los colectivos de personas desparecidas, de presumir a sus “expertos” forenses y de seguir usando a Héctor Diaz Ezquerra titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, como escudero de la Fiscalía, están condenados al fracaso. El problema los rebasará.
Con apoyo y asistencia externas, los colectivos encontrarán narcocementerios aún más grandes que los que se han detectado hasta el momento. Cuando laboratorios y expertos forenses independientes lleguen a México a apoyar en las tareas de recuperación de cuerpos la FGE no podrá mantener el control y cerco informativos. Con uso de drones equipados con tecnología termográfica y espectográfica y el uso de los instrumentos de la industria minera antes mencionados, el nivel de atraso y falta de capacidad de la Fiscalía nuevamente quedarán en evidencia.
Aunque los gobiernos estatal y federal siguen teniendo como principal blanco de sus operativos al CSRL, el CJNG también tiene sus propios “campos de exterminio”, ubicados en los municipios en los que controla o tiene presencia desde hace años. Pasará un poco más de tiempo antes que se realicen excavaciones en Huanímaro, Manuel Doblado o incluso la misma ciudad de León (Cañada de Venaderos). En todo caso, los hallazgos serán igual de desgarradores, con un componente adicional. Al tratarse de narcocementerios de “El Mencho” es probable que la DEA y Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, quieran saber un poco más sobre los mismos. Solo en esos casos quizá veamos un desempeño un poco más dedicado y profesional por parte de la FGE. Al final de cuentas, aquí y en China, el que paga manda.
Pero lo que ocurre detrás de “las líneas enemigas”, es decir, en el campo del Cártel Jalisco Nueva Generación, es materia de otro artículo.
