A la actual titular del Instituto de las Mujeres Silaoenses, Evangelina Andrade, se le exige el pago de un millón 019 mil 822 pesos por daños ocasionados al erario público.

Cuando se desempeñó como titular de Servicios Públicos durante el trienio de Juan Antonio Morales Maciel (2015-2018), no cobró el arrendamiento de locales en los mercados Victoria y González Ortega durante los ejercicios 2015 y 2016, dejando un boquete en las arcas municipales.

La ex titular de Servicios Públicos enfrenta un juicio por más de un millón de pesos sin cobrar.

Y eso no fue todo. Como responsable directa de administrar los mercados y tianguis del municipio, la funcionaria aplicó tarifas inferiores a las establecidas en las disposiciones administrativas de recaudación.

En total, el faltante ascendió a un millón 080 mil 374 pesos, pero en 2017 se pudieron rescatar 60 mil 551 pesos.

Evangelina Andrade fue premiada con el Instituto Municipal de las Mujeres Silaoenses (IMMUS).

En su defensa, Evangelina Andrade declaró que “se tuvo un acercamiento con los locatarios para informarles, mediante oficio, las tarifas vigentes, (y) solicitándoles el cobro correspondiente, sin lograr que se ajustaran a lo establecido en la normativa aplicable”.

Con fundamento en los datos probatorios del dictamen de daños y perjuicios que emitió la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), el Municipio entabló un juicio contra la ex Directora de Servicios Públicos, quien aceptó que los comerciantes nunca se ajustaron a la normativa aplicable.

Durante 2015 y 2016, nunca se cobró el arrendamiento de locales en los mercados Victoria y González Ortega.

A pesar de que enfrenta el juicio por el hoyo financiero que dejó como directora de Servicios Públicos, el alcalde Carlos García la premió con la titularidad en el Instituto Municipal de las Mujeres Silaoenses (IMMUS).

Evangelina Andrade forma parte del equipo del panista Juan Antonio Morales Maciel, ex alcalde de Silao que pretendía ser el candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Silao.

El daño contra el erario público ascendía a un millón 080 mil 374 pesos, pero en 2017 se pudieron rescatar 60 mil 551 pesos.